Malversación de fondos públicos (peculado) y su impacto en la gestión financiera de las organizaciones públicas del Ecuador: revisión documental

Misappropriation of public funds (embezzlement) and its impact on financial management in Ecuadorian public organizations: A documentary review

Resumen

En las instituciones públicas, el desvío de recursos no produce únicamente una pérdida contable. También altera la ejecución presupuestaria, expone el patrimonio estatal y debilita la confianza en las decisiones financieras. Con esta premisa, el estudio analizó el impacto de la malversación de fondos tratada en el ordenamiento ecuatoriano principalmente como peculado— sobre la gestión financiera de las organizaciones públicas del país. Se realizó una investigación cualitativa, documental, no experimental y descriptiva. La búsqueda se concentró en publicaciones aparecidas entre 2020 y 2025, además de tres obras metodológicas necesarias para sustentar el diseño. Tras comprobar autoría, procedencia y datos editoriales, se conformó un corpus sustantivo de doce documentos científicos, normativos y técnicos. El análisis de contenido se organizó alrededor de cinco categorías: delimitación del peculado, factores que facilitan su ocurrencia, efectos financieros e institucionales, aportes de la auditoría forense y estrategias de control e integridad. La revisión mostró que el riesgo se intensifica cuando una misma persona concentra funciones incompatibles, las excepciones carecen de justificación, las decisiones pierden trazabilidad y la coordinación entre administración, auditoría y justicia resulta insuficiente. Los casos Reconstrucción de Manabí e ISSPOL, considerados de acuerdo con el estado procesal informado por la Fiscalía, permitieron observar consecuencias diferentes en proyectos e inversiones públicas. A su vez, la evidencia de Ecuador y América Latina indicó que el control interno, la calidad de la información contable, la investigación forense y las políticas de integridad cumplen funciones complementarias. Se concluye que la protección de los fondos públicos depende de una cadena continua de prevención, detección, investigación y remediación, con responsables definidos, evidencia conservada y seguimiento efectivo de las medidas correctivas.